Por Alfredo Zaiat
A pocos días de cumplirse el primer año del comienzo del prolongado conflicto con el sector del campo privilegiado, muchos balances se realizarán sobre su origen, desarrollo y aún incierto desenlace. Los escenarios que se precipitaron en el frente político, social, de gestión gubernamental, cultural y de los medios de comunicación se entrelazarán en análisis de variados especialistas. En cada uno de esos aspectos habrá sentencias de todos los gustos para diferentes auditorios, aunque el más visible se reúne en la sala del pensamiento conservador. De esas aproximaciones sobre una crisis compleja y controvertida, existe una que emerge con más nitidez y se refiere al profundo retroceso que derivó este conflicto en la forma de analizar, evaluar y proyectar la economía argentina en el debate instalado en la sociedad. Las sentencias de que el campo es el principal generador de riqueza del país y que constituye el motor fundamental del crecimiento son reiteradas como verdades absolutas sin el más mínimo esfuerzo para conocer las experiencias de desarrollo exitosas de otras naciones. Ni se toman la molestia de intentar corroborarlas con informes técnicos rigurosos alejados de la influencia de vientos camperos, brisas alimentadas por un flujo constante de dinero de los poderosos integrantes del negocio agropecuario. La instalación de la idea del campo como corazón de la economía implica una regresión. Se trata de una concepción que atrasa más de un siglo en la esfera de la teoría de la ciencia económica y no mucho menos en las políticas económicas que se han implementado en países que pudieron realizar un salto cualitativo de su estructura productiva. Una sociedad urbana desinformada, una legión de políticos lanzados en campaña por especulación electoral y un sector del campo colonizado por la trama multinacional sojera han logrado la peculiaridad de que Argentina sea casi el único país de un mundo en fabulosa crisis que discute el regreso a una economía agroexportadora primitiva. En ese debate aparece con fuerza la errática política oficial hacia el sector, la competencia entre funcionarios en el liderazgo de la negociación que entorpece el manejo del conflicto y la carencia de una estrategia de mediano plazo que incluya el complejo agropecuario dentro de un proyecto de estructura productiva integrada. Pero la relevancia de este conflicto no se encuentra en las discusiones mezquinas sobre recursos públicos ni en las carencias de la administración kirchnerista, sino que esta crisis con un nuevo poder económico emergente expresa el modelo de desarrollo que ese bloque busca imponer junto a las perspectivas de su representación política.
En un debate serio sobre la estructura futura del transporte sería excluido cualquiera que proponga la expansión de la red ferroviaria con locomotoras a vapor alimentadas con carbón. No sería recibido con mucha seriedad que expertos de administración propongan como modelo empresario el regreso a formas de organización con exclusivo trabajo manual en las fábricas. Tampoco tendría mucho eco entre los productores agropecuarios una iniciativa que impulse el retorno al arado manual de los campos. Del mismo modo, el revitalizado pensamiento conservador sostiene que el destino del país es ser proveedor de granos, carnes y materias primas semielaboradas al mundo. Por lo tanto asegura que el campo es el nervio vital y principal de la economía. Esta idea absolutista representa un retroceso para encarar el sendero para el desarrollo de una sociedad integrada y avanzada.
Existe un marcado componente autoritario de los protagonistas de ese modelo de regresión que, además de ejercer una violencia física y material minimizada u ocultada por defensores de la república, descalifican a quienes realizan esas observaciones críticas con el despectivo “ignorantes del campo”. Con extrema lucidez, el economista y periodista Julio Sevares escribió: “Respondiendo a las múltiples y típicas acusaciones de citadino que, por lo tanto, no conoce el campo: no hace falta vivir en el interior para conocer la macroeconomía del país, sin contar con que muchos de los propietarios viven más en la ciudad que en sus explotaciones y no son ‘hombres de campo’ sino empresarios que invierten en el negocio agropecuario. Si se aceptara la crítica, sólo un industrial podría hablar de la industria (y debería considerárselo un sufriente y transpirado trabajador), sólo un pobre podría opinar sobre pobreza y sólo un comerciante sobre comercio (y habría que considerar a Alfredo Coto un almacenero con riesgo de várices porque pasa sus días parado tras un mostrador)”.
En la intensa avanzada para regresar a un modelo para pocos, resulta ilustrativo reiterar conclusiones de un informe de la Cepal, organismo dependiente de la ONU que no puede ser acusado de “ignorante”, reproducido por esta columna el 29 de marzo del año pasado (“Forjadores de la Patria”). El libro de la Cepal Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007, compilado por Bernando Kosacoff, ofrece interesantes aportes a ese debate. Como muestra de que no encierra prejuicios contra el campo, en ese documento se destaca que “es sabido que el modelo agroexportador fue la estructura económica que acompañó la conformación y consolidación de Argentina como país entre la generación del ochenta y la década del veinte”. En ese libro, uno de los trabajos corresponde a los investigadores Cecilia Fernández Bugna y Fernando Porta (El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural), donde se presenta un valioso cuadro explicativo, en base a la Dirección de Cuentas Nacionales, sobre el aporte al crecimiento del PBI en el período 2002-2006:
- La industria manufacturera contribuyó con el 22,6 por ciento.
- El comercio, 17,1.
- La construcción, 15,0
- Transporte y comunicaciones, 14,9
- La actividad agropecuaria, 3,5.
Sólo la intermediación financiera, con apenas el 2,2 por ciento, en esos años todavía en recuperación luego de su quiebra con el corralito de Cavallo, aportó menos que el campo en ese vigoroso ciclo de crecimiento económico argentino. Otras cifras: en el período 2003-2006, el PBI creció un 8,8 por ciento promedio, el PBI industrial lo hizo en un 10,0 y el agropecuario en menos de 6,0 por ciento. Más cifras: en ese lapso, las exportaciones de productos primarios aumentaron un 134 por ciento, las de manufacturas de origen agropecuario, un 135 y las de manufacturas de origen industrial, un 127. Pero las exportaciones de vehículos aumentaron 220 por ciento y las de soja y aceite, 150. Sevares agrega que en materia de empleo también fue mayor el aporte de la industria. Menciona que según un informe de la Sociedad de Estudios Laborales de Ernesto Kritz, entre 2002 y 2007 el número de empleos formales en la industria aumentó un 54 por ciento y en agricultura y ganadería creció un 41. “La industria tiene el 17 por ciento del total de los empleos y el agro, el 5. Además, el 75 por ciento de los trabajadores del agro está en negro”, ilustra.
El argumento campero para relativizar esa exposición macroeconómica que surge de Cuentas Nacionales es que directa e indirectamente todas las industrias son viables gracias a la producción del sector agropecuario. Es una particular interpretación narcisista que requeriría de la modificación de textos de estudio y de normas internacionales sobre Cuentas Nacionales, iniciativa que podría formar parte de un nuevo reclamo de la Mesa de Enlace. Aunque deberían mencionar también que el campo no podría haber alcanzado su actual nivel de desarrollo y pujanza sin el aporte de insumos industriales, tecnológicos y de servicios de base industrial, como el transporte.
Variadas son las asignaturas pendientes para impulsar un proceso de cambio estructural del sector manufacturero, una estrategia de intensificación de la capacidad de innovación empresaria, un avance hacia una sociedad del conocimiento e investigación y un sector agropecuario integrado a una estructura productiva equilibrada. En definitiva, para impulsar un desarrollo económico sustentable. Pero el actual debate que se impone desde el discurso dominante no avanza sobre lo que hizo o dejó de hacer la administración kirchnerista en esa materia, sino en el deseo de retornar a un esquema económico agroexportador con predominio del poder político en manos conservadoras como en ese entonces.
azaiat@pagina12.com.ar
A pocos días de cumplirse el primer año del comienzo del prolongado conflicto con el sector del campo privilegiado, muchos balances se realizarán sobre su origen, desarrollo y aún incierto desenlace. Los escenarios que se precipitaron en el frente político, social, de gestión gubernamental, cultural y de los medios de comunicación se entrelazarán en análisis de variados especialistas. En cada uno de esos aspectos habrá sentencias de todos los gustos para diferentes auditorios, aunque el más visible se reúne en la sala del pensamiento conservador. De esas aproximaciones sobre una crisis compleja y controvertida, existe una que emerge con más nitidez y se refiere al profundo retroceso que derivó este conflicto en la forma de analizar, evaluar y proyectar la economía argentina en el debate instalado en la sociedad. Las sentencias de que el campo es el principal generador de riqueza del país y que constituye el motor fundamental del crecimiento son reiteradas como verdades absolutas sin el más mínimo esfuerzo para conocer las experiencias de desarrollo exitosas de otras naciones. Ni se toman la molestia de intentar corroborarlas con informes técnicos rigurosos alejados de la influencia de vientos camperos, brisas alimentadas por un flujo constante de dinero de los poderosos integrantes del negocio agropecuario. La instalación de la idea del campo como corazón de la economía implica una regresión. Se trata de una concepción que atrasa más de un siglo en la esfera de la teoría de la ciencia económica y no mucho menos en las políticas económicas que se han implementado en países que pudieron realizar un salto cualitativo de su estructura productiva. Una sociedad urbana desinformada, una legión de políticos lanzados en campaña por especulación electoral y un sector del campo colonizado por la trama multinacional sojera han logrado la peculiaridad de que Argentina sea casi el único país de un mundo en fabulosa crisis que discute el regreso a una economía agroexportadora primitiva. En ese debate aparece con fuerza la errática política oficial hacia el sector, la competencia entre funcionarios en el liderazgo de la negociación que entorpece el manejo del conflicto y la carencia de una estrategia de mediano plazo que incluya el complejo agropecuario dentro de un proyecto de estructura productiva integrada. Pero la relevancia de este conflicto no se encuentra en las discusiones mezquinas sobre recursos públicos ni en las carencias de la administración kirchnerista, sino que esta crisis con un nuevo poder económico emergente expresa el modelo de desarrollo que ese bloque busca imponer junto a las perspectivas de su representación política.
En un debate serio sobre la estructura futura del transporte sería excluido cualquiera que proponga la expansión de la red ferroviaria con locomotoras a vapor alimentadas con carbón. No sería recibido con mucha seriedad que expertos de administración propongan como modelo empresario el regreso a formas de organización con exclusivo trabajo manual en las fábricas. Tampoco tendría mucho eco entre los productores agropecuarios una iniciativa que impulse el retorno al arado manual de los campos. Del mismo modo, el revitalizado pensamiento conservador sostiene que el destino del país es ser proveedor de granos, carnes y materias primas semielaboradas al mundo. Por lo tanto asegura que el campo es el nervio vital y principal de la economía. Esta idea absolutista representa un retroceso para encarar el sendero para el desarrollo de una sociedad integrada y avanzada.
Existe un marcado componente autoritario de los protagonistas de ese modelo de regresión que, además de ejercer una violencia física y material minimizada u ocultada por defensores de la república, descalifican a quienes realizan esas observaciones críticas con el despectivo “ignorantes del campo”. Con extrema lucidez, el economista y periodista Julio Sevares escribió: “Respondiendo a las múltiples y típicas acusaciones de citadino que, por lo tanto, no conoce el campo: no hace falta vivir en el interior para conocer la macroeconomía del país, sin contar con que muchos de los propietarios viven más en la ciudad que en sus explotaciones y no son ‘hombres de campo’ sino empresarios que invierten en el negocio agropecuario. Si se aceptara la crítica, sólo un industrial podría hablar de la industria (y debería considerárselo un sufriente y transpirado trabajador), sólo un pobre podría opinar sobre pobreza y sólo un comerciante sobre comercio (y habría que considerar a Alfredo Coto un almacenero con riesgo de várices porque pasa sus días parado tras un mostrador)”.
En la intensa avanzada para regresar a un modelo para pocos, resulta ilustrativo reiterar conclusiones de un informe de la Cepal, organismo dependiente de la ONU que no puede ser acusado de “ignorante”, reproducido por esta columna el 29 de marzo del año pasado (“Forjadores de la Patria”). El libro de la Cepal Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007, compilado por Bernando Kosacoff, ofrece interesantes aportes a ese debate. Como muestra de que no encierra prejuicios contra el campo, en ese documento se destaca que “es sabido que el modelo agroexportador fue la estructura económica que acompañó la conformación y consolidación de Argentina como país entre la generación del ochenta y la década del veinte”. En ese libro, uno de los trabajos corresponde a los investigadores Cecilia Fernández Bugna y Fernando Porta (El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural), donde se presenta un valioso cuadro explicativo, en base a la Dirección de Cuentas Nacionales, sobre el aporte al crecimiento del PBI en el período 2002-2006:
- La industria manufacturera contribuyó con el 22,6 por ciento.
- El comercio, 17,1.
- La construcción, 15,0
- Transporte y comunicaciones, 14,9
- La actividad agropecuaria, 3,5.
Sólo la intermediación financiera, con apenas el 2,2 por ciento, en esos años todavía en recuperación luego de su quiebra con el corralito de Cavallo, aportó menos que el campo en ese vigoroso ciclo de crecimiento económico argentino. Otras cifras: en el período 2003-2006, el PBI creció un 8,8 por ciento promedio, el PBI industrial lo hizo en un 10,0 y el agropecuario en menos de 6,0 por ciento. Más cifras: en ese lapso, las exportaciones de productos primarios aumentaron un 134 por ciento, las de manufacturas de origen agropecuario, un 135 y las de manufacturas de origen industrial, un 127. Pero las exportaciones de vehículos aumentaron 220 por ciento y las de soja y aceite, 150. Sevares agrega que en materia de empleo también fue mayor el aporte de la industria. Menciona que según un informe de la Sociedad de Estudios Laborales de Ernesto Kritz, entre 2002 y 2007 el número de empleos formales en la industria aumentó un 54 por ciento y en agricultura y ganadería creció un 41. “La industria tiene el 17 por ciento del total de los empleos y el agro, el 5. Además, el 75 por ciento de los trabajadores del agro está en negro”, ilustra.
El argumento campero para relativizar esa exposición macroeconómica que surge de Cuentas Nacionales es que directa e indirectamente todas las industrias son viables gracias a la producción del sector agropecuario. Es una particular interpretación narcisista que requeriría de la modificación de textos de estudio y de normas internacionales sobre Cuentas Nacionales, iniciativa que podría formar parte de un nuevo reclamo de la Mesa de Enlace. Aunque deberían mencionar también que el campo no podría haber alcanzado su actual nivel de desarrollo y pujanza sin el aporte de insumos industriales, tecnológicos y de servicios de base industrial, como el transporte.
Variadas son las asignaturas pendientes para impulsar un proceso de cambio estructural del sector manufacturero, una estrategia de intensificación de la capacidad de innovación empresaria, un avance hacia una sociedad del conocimiento e investigación y un sector agropecuario integrado a una estructura productiva equilibrada. En definitiva, para impulsar un desarrollo económico sustentable. Pero el actual debate que se impone desde el discurso dominante no avanza sobre lo que hizo o dejó de hacer la administración kirchnerista en esa materia, sino en el deseo de retornar a un esquema económico agroexportador con predominio del poder político en manos conservadoras como en ese entonces.
azaiat@pagina12.com.ar
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