¿Y el default?

Por Alfredo Zaiat

En cualquier otro ámbito serían los hazmerreír de la mayoría, burlados por su escasa rigurosidad y finalmente abandonados por ofrecer escenarios futuros sólo en base a sus deseos. Esa debilidad expuesta en más de una ocasión posee un contrapeso que más que compensa la carencia de seriedad en sus análisis. Se trata del apoyo del poder financiero, con su brazo mediático dispuesto a amplificar y construir realidades, moldeando el sentido común económico, que termina atrapando también a cierta heterodoxia y a no pocos integrantes del progresismo testimonial. El papelón más reciente quedó en evidencia en estos últimos días con la acelerada suba de las cotizaciones de los títulos públicos. Desde el último trimestre del año pasado y hasta hace muy poco el fantasma del default de la deuda fue alimentado con fruición por la mayoría de los economistas del establishment, convalidado en reiterados comentarios en el mundo empresario. El derrumbe de los precios de esos papeles era la prueba irrefutable del inevitable peor desenlace. Pero luego de golpear una y otra vez sobre la misma piedra con el costo derivado de afectar las expectativas económicas, ahora dicen que el peligro de default ha cesado y que por ese motivo suben las cotizaciones de los bonos. Algo no deja de ser si antes no era.
La comprensión del proceso económico doméstico enfrenta esa complejidad, que la administración kirchnerista hace poco para desmontar. En este caso la ha favorecido dejando vacío el casillero de la publicidad del programa financiero de este y del próximo año. De todos modos, si bien esa información hubiera servido como arma disuasiva, lo cierto es que revisando los archivos se encuentra que la campaña de la city adelantando una nueva cesación de pagos de la deuda tuvo su comienzo luego de aprobarse el fin del negocio financiero de las AFJP con el dinero previsional de los trabajadores. Los financistas no sólo perdieron la ventanilla de ganar mucha plata fácil, sino que los más perspicaces se dieron cuenta de las implicancias profundas de esa reforma. El entierro de la jubilación privada ha sido la reforma estructural más contundente para que el Estado recuperara márgenes de autonomía en el frente fiscal y financiero, además de plantear la posibilidad de una relación no tan desequilibrada con el poder económico al tener el derecho de nombrar representantes en directorios de unas cuarenta empresas líderes. Esto último ha provocado la reacción del establishment mientras en las filas del arco del progresismo ha sido casi nula la evaluación de la importancia de ese desembarco estatal.
La reconquista de la capacidad de intervenir en áreas sensibles para el interés de las mayorías, al tiempo de recobrar solvencia fiscal presente e intertemporal, explica el bombardeo de críticas desde el poder sobre el manejo de fondos por parte de la Anses, organismo que se ha convertido en una pieza clave de la economía. No colabora para enfrentar esa embestida que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se encuentre en mora en el compromiso de instrumentar la comisión de control sobre esa dependencia, mientras que el Congreso no avanza en la constitución de la comisión bicameral que también la monitoreará. Esos incumplimientos no favorecen el tránsito de reafirmar la legitimidad de la participación del Estado de la economía, en esta ocasión, a través de la Anses.
El fin de las AFJP ha tenido varias derivaciones sustanciales sobre la economía. Una de ellas fue que, en el corto plazo, ha sido una potente herramienta anticíclica para enfrentar en mejores condiciones el impacto negativo de la crisis internacional. El análisis vulgar del actual estado de las cuentas públicas señala que si no fuera por el dinero que antes iba a las AFJP, la situación fiscal sería preocupante. En rigor, el recorrido para comprenderla es el opuesto si se quiere eludir la corriente dominante tributaria de la ortodoxia. La debilidad fiscal del sector público se agudizó en la década pasada con la reforma que impulsó la jubilación privada. El Estado comenzó a transferir recursos previsionales a las AFJP, profundizando su desfinanciamiento, lo que impulsó un ciclo de endeudamiento creciente. Esta dinámica perversa requería de políticas de ajustes permanentes y más adelante, luego del estallido de la convertibilidad, de una sobrerrea-cción para obtener un elevado superávit fiscal. La recuperación de esos recursos, que son propios del sistema de seguridad social, permitió ordenar el desbarajuste de las cuentas públicas provocado por el régimen de AFJP. La situación fiscal consolidada hoy es más sólida a nivel estructural gracias al fin de ese negocio de bancos & afines. En estos meses, la caída de ingresos tiene su origen en el impacto en el comercio exterior de la crisis internacional y en la desaceleración de la economía doméstica. En un escenario de recuperación de la actividad, el horizonte fiscal mostrará un cuadro que será envidia de la ortodoxia, lo que debería abrir las puertas de una recomposición adicional al doble ajuste anual de la movilidad de los haberes de los jubilados para moverse a contramano del fundamentalismo fiscal, entre otras medidas redistributivas.
Otro de los efectos fundamentales del fin de las AFJP ha sido el de obtener mayores grados de libertad en el manejo de los pasivos públicos. La transferencia a la Anses de una inmensa cartera de bonos, deuda que se incrementó por el sistema de jubilación privada, permite una administración bastante más desahogada de los vencimientos y de su refinanciación. Un informe del Estudio Bein & Asociados destaca, por primera vez en el circuito de la city, esa fortaleza del sector público. De acuerdo con sus estimaciones, el 31 por ciento de la deuda total del Tesoro tiene como contraparte a la Anses, el Banco Central y otras agencias gubernamentales. En ese cálculo se incluyó la deuda de los holdouts valuada a un tercio, que sin ese compromiso hoy ese porcentaje se eleva al 35 por ciento. Los precios de “default” de los títulos públicos permitieron a esos organismos comprar deuda en el mercado en los últimos meses. Con el traspaso de los papeles de las AFJP, con el pago al FMI con reservas que generó una deuda del Tesoro con el Banco Central y con operaciones de recompra en la plaza de bonos se estructuró un escenario donde el 29 por ciento de los vencimientos en 2009 son intra sector público. Bein estima que, dependiendo de los supuestos de refinanciación (en especial, los vencimientos del Anses), ese porcentaje se incrementa al 43 por ciento en 2010. Es un margen que brinda bastante alivio al balance financiero del Tesoro. En ese informe se detalla que “en los últimos años, Argentina viene atravesando un acelerado proceso de desendeudamiento: por cancelaciones netas de amortizaciones con superávit financiero, por el pago al FMI con reservas del BCRA, por la reducción de facto de los mecanismos de indexación de la deuda ajustada con el CER (ahorro estimado en 13.500 millones de dólares), por las recompras efectuadas por agencias del sector público y, finalmente, por la decisión de estatizar los fondos de las AFJP”. Para luego precisar que “todos estos factores, sumados al aumento del PIB nominal en dólares producto del crecimiento, contribuyeron a reducir fuertemente el coeficiente deuda pública/PIB”, indicador vital de solvencia de una economía.
La deuda igual sigue siendo una carga, aunque más liviana debido a esos movimientos en la cartera de administración de pasivos públicos, pero fundamentalmente por la defunción del régimen previsional privado. De esa forma, la política económica adquirió más márgenes de libertad y, en especial, puede eludir el tradicional veto del poder financiero. Si no se lo necesita para refinanciar deuda, disminuye su capacidad de influencia en la política económica doméstica. Se trata de una pequeña pero relevante ampliación de los estrechos espacios de autonomía de una economía periférica, que implicó no pocos esfuerzos fiscales. Entre otras razones, esto ha provocado la reacción del establishment, con su elenco de economistas de la city dispuesto a satisfacer mandados. Con la complicidad de ciertos funcionarios técnicos de despachos oficiales, presionan por el regreso a los brazos del Fondo Monetario Internacional para así contrarrestar esos mayores grados de libertad. La trampa está abierta y es visible.